La teoría de los derechos y la justicia planteada por John Locke afirma que las personas tienen una serie de derechos los cuales deben ser respetados, y además la justicia aplicada para defender dichos derechos debe ser equitativa para todos. Sin embargo, esta afirmación no se aplica para el caso Ford Pinto. A continuación se mencionan dos ejemplos en los que la teoría de Locke no es aplicada en el caso Ford Pinto.
Primero, los consumidores tienen el derecho de ser informados por las compañías que pretenden venderle un producto o servicio para que, con la información suficiente acerca de todas las posibilidades que tiene para satisfacer su necesidad, pueda tomar la mejor decisión. En el caso del auto Pinto, los consumidores no tenían al momento de la compra toda la información relacionada con el producto. Es común que no solamente se citen las bondades del producto, sino que también se liste las acciones que no deben realizarse con el producto, las contraindicaciones o cualquier característica del producto que pudiera resultar peligrosa o que potencialmente pudiera causar daño físico al cliente. Dado que el Pinto no brindaba la información referente al tanque de combustible y las puertas, los clientes no estaban en plena capacidad de elegir el vehículo por las razones correctas.
Para que los derechos de los consumidores fueran respetados al 100% en el ejemplo anterior, los defectos del automóvil deberían haber sido revelados al público, para que los propios consumidores sean quienes decidan qué hacer con el auto: podría haber sucedido que los clientes estuvieran dispuestos a sacrificar seguridad por un auto más económico, o que solo algunos lo compraran sabiendo de sus defectos. También podría haber sucedido que el gobierno, al enterarse de las fallas del auto, ordenara su inmediato retiro del mercado.
Segundo, en caso de un juicio entre alguna víctima de accidente agravado por los defectos del Pinto y Ford, es injusta la aplicación de justicia en dichos casos. Las personas, tanto como las empresas, y sobre todo en caso de un enfrentamiento entre ellos, tienen derecho a la justa aplicación del derecho. Es decir, la justicia debe ser aplicada igualmente para todos. Sin embargo, Ford incluso se tomó la libertad de calcular el pago por daños a las víctimas dentro de su estructura de costos porque sabe que, dado el tamaño de su empresa, su poder económico y la gran habilidad de sus abogados quienes tienen a su favor el respaldo de una gran compañía de nivel mundial, tiene la capacidad de salir en una posición favorable de un juicio en el que de no tener grandes recursos económicos cubriéndole la espalda no podría tener dicho resultado. La afirmación “justicia igual para todos” debería verse reflejada en un fallo judicial que no varíe según circunstancias económicas. Un asesino millonario debería ser castigado de la misma manera que un asesino de escasos recursos. De este ejemplo se desencadena la siguiente conclusión: Ford debería recibir un castigo mucho más ejemplar que pagar USD 200,000.00 por cada persona fallecida.
En definitiva, para hacer cumplir la justicia en EEUU (en donde se desarrollan los hechos), la responsabilidad recae directamente en el gobierno, y específicamente en el Poder Judicial. Es verdad que Ford, como cualquier persona natural o jurídica, tiene derecho a defenderse poniendo inclusive todos sus recursos materiales de por medio. El punto es que el resultado no cambie si la evidencia está bien sustentada y la gravedad del caso va de la mano con el fallo razonable.
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